La discusión sobre el encuadre legal de quienes trabajan para plataformas digitales sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. La Suprema Corte bonaerense rechazó los recursos extraordinarios presentados por empresas del sector y validó tanto las sanciones económicas que les había impuesto el Ministerio de Trabajo como el criterio que considera que los repartidores mantienen una relación de dependencia. La sentencia obliga a las empresas a adecuarse al marco del contrato de trabajo tradicional si pretenden continuar su actividad en territorio bonaerense, lo que implica registrar a los trabajadores, abonar aportes previsionales y garantizar coberturas de seguridad social.
